La eliminación de los subsidios a los combustibles en Bolivia genera preocupación en el comercio y la logística del norte argentino. Con incrementos que superan el 380% en menos de un año y graves problemas de abastecimiento en el país vecino, sectores productivos y transportistas advierten sobre un posible desabastecimiento de insumos básicos en las localidades fronterizas.
El incremento progresivo de las tarifas de combustible en Bolivia alcanzó un punto crítico tras la decisión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz de quitar definitivamente las subvenciones estatales. La medida, denominada popularmente como el «dieselazo», unificó el precio del litro de diésel en 17,95 pesos bolivianos, consolidando un ajuste acumulado del 382% en relación con los valores vigentes a fines de 2025, cuando el litro costaba 3,72 bolivianos.
La situación impacta de manera directa en las dinámicas comerciales y sociales de la frontera que une al departamento de Tarija con la provincia de Salta. Aunque los pasos internacionales entre Bermejo y Aguas Blancas permanecen habilitados y con tránsito normal, la incertidumbre operativa provocó una paralización preventiva en el transporte de carga boliviano dueña de un fuerte efecto en el flujo de mercaderías.
Víctor Sánchez, referente del Transporte Unificado y expresidente del Comité Cívico de Bermejo, señaló que la falta de certeza sobre las estructuras de costos operativos está frenando la actividad de las empresas de flete. Según explicó el dirigente, la escasez recurrente de gasoil y los constantes incrementos ya repercuten en el abastecimiento regular de productos de primera necesidad, registrándose además una caída en el movimiento comercial habitual con compradores argentinos.
Frente a este escenario, referentes regionales advierten que una prolongación del conflicto o una profundización de las medidas de fuerza en Bolivia podría derivar en faltantes de alimentos, medicamentos e insumos esenciales para las poblaciones fronterizas del norte salteño.
