Tras la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo nacional enviará al Parlamento una ley para modificar la normativa de hidrocarburos y endurecer las penas contra empresas que operen ilegalmente en las islas. La iniciativa incluye la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la aceleración de la base naval en Tierra del Fuego.
El Gobierno nacional avanza con su ofensiva política y legislativa sobre la Causa Malvinas tras el impacto generado por el último mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei. En el marco de la reunión de Gabinete convocada para este lunes, la Casa Rosada ultimó los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que ingresará esta semana al Congreso. La medida busca modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones penales y administrativas contra petroleras que exploten recursos no renovables en el archipiélago sin autorización argentina, apoyándose en un cambio de tono diplomático y la presión del lobby del sector energético.
En los despachos de Balcarce 50 festejaron la alta repercusión de los anuncios, impulsados internamente por el equipo de asesores del Ejecutivo para instalar un tema de alcance patriótico y transversal en la agenda pública. Según mediciones que circulaban en el entorno presidencial, la cadena alcanzó cerca de 30 puntos de rating y cosechó un elevado nivel de apoyo en los picos de interacción digital.
El paquete de medidas contempla los siguientes ejes de acción:
- Endurecimiento legislativo: La modificación de la Ley 26.659 busca extender las sanciones administrativas y penales no solo a las firmas que exploren en la plataforma continental argentina, sino también a la cadena de prestadoras de servicios petroleros que colaboren en el proyecto Sea Lion.
- Estructura de Seguridad Nacional: Se dispondrá la creación del Consejo de Seguridad Nacional para dictar políticas de aplicación obligatoria y transversal, sumado a un marco de protección para infraestructuras críticas, aeroespaciales y marítimas.
- Desembolso presupuestario y base naval: Mediante los decretos de necesidad y urgencia 867/2026 y 868/2026 publicados en el Boletín Oficial, se reasignaron fondos para reforzar el Ministerio de Defensa, la Cancillería y la SIDE, habilitando el inicio formal de las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
- Presión al sector hidrocarburífero: Fuentes oficiales detallaron que la «diplomacia empresarial» ya comenzó a surtir efecto: gigantes del sector de servicios como Halliburton, Baker Hughes y SLB informaron que se abstendrán de participar en las exploraciones de las islas para resguardar sus inversiones estratégicas en Vaca Muerta.
- Pese al optimismo oficial, la jugada del Gobierno cosechó rechazos directos desde Londres y por parte de la Asamblea Legislativa de las islas. Asimismo, desde la oposición en el Congreso surgieron cuestionamientos: sectores legislativos denunciaron contradicciones respecto a empresas previamente sancionadas que continúan recibiendo incentivos bajo regímenes normativos como el RIGI.
Con la presentación formal del proyecto en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo medirá el alcance real del llamado a una «tregua política» nacional, mientras presiona al consorcio compuesto por la británica Rockhopper y la israelí Navitas para forzar una negociación antes de que comience el primer pozo de extracción en las islas
