La fiscalía de Rosario de Lerma y la Oficina de Asuntos Internos avanzan sobre una presunta red de extorsión y venta de beneficios dentro de la fuerza provincial. Tras secuestrar dispositivos móviles y retirarle el arma reglamentaria a una agente con asiento en San Jorge, los investigadores confirmaron la existencia de más de tres casos bajo la lupa, que incluyen pagos concretados a cambio de destinos, cursos y licencias.
La investigación por maniobras ilícitas dentro de la Policía de Salta sumó un nuevo capítulo de gravedad institucional tras detectarse múltiples casos de pagos ilegales a cambio de beneficios operativos. Por orden del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina de Asuntos Internos, la fuerza le retiró el arma reglamentaria a una agente de la Comisaría de San Jorge (Rosario de Lerma), imputada formalmente por extorsión y estafa junto a un civil oriundo de La Merced. La causa, que comenzó por la denuncia de una camarada, se extendió al comprobarse que la red operaba ofreciendo y concretando traslados, licencias y cursos a cambio de sumas de dinero.
El expediente judicial tramita en paralelo bajo dos esferas de actuación: la vía penal, conducida por el fiscal Daniel Alejandro Escalante, y el proceso administrativo disciplinario llevado a cabo por la propia fuerza de seguridad.
Los avances de la pesquisa revelan los siguientes elementos clave:
- Involucrados y medidas preventivas: Además de la agente policial imputada —quien ya se encontraba con licencia—, la causa involucra a un mecánico de La Merced señalado como allegado íntimo y presunto ejecutor de los cobros a los efectivos.
- Pruebas periciales: Durante una serie de allanamientos ejecutados en domicilios de Rosario de Lerma y La Merced, las fuerzas de seguridad secuestraron tres teléfonos celulares cuyo contenido pericial se encuentra bajo análisis técnico para reconstruir la agenda de contactos y transferencias financieras.
- Diversificación de la maniobra: Si bien la causa inició por ofertas irregulares de cambios de destino, los testimonios y pruebas incorporadas revelaron un patrón sistemático de cobro de «tarifas» para habilitar licencias, dictado de cursos y ascensos dentro de la estructura policial.
- Efecto en la tropa: La Fiscalía deberá diferenciar los meros ofrecimientos de aquellas maniobras concretadas para definir si las personas que pagaron por los beneficios deberán afrontar responsabilidades penales e imputaciones administrativas dentro del escalafón.
La confirmación de pagos efectivos por parte de personal policial desplaza el caso de una presunta estafa individual hacia un esquema sistemático de corrupción con potencial alcance en los niveles de mando del Valle de Lerma.
El peritaje de los dispositivos móviles secuestrados resultará determinante durante las próximas horas para establecer la nómina de efectivos beneficiados y determinar la eventual responsabilidad de funcionarios de mayor jerarquía dentro de la Policía de Salta.
