Una cautelar interpuesta por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo paralizó la Ley 27.801 en territorio bonaerense. La jueza Marta Elba Pascual invocó el principio precautorio para evitar la sobrepoblación y el hacinamiento en los institutos de menores, desatando un duro cruce entre la bancada libertaria del Senado y la gobernación de Axel Kicillof.
La puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil sufrió un intempestivo freno judicial en la provincia de Buenos Aires a solo 48 horas de su promulgación. Mediante una medida cautelar colectiva, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora dispuso paralizar la aplicación de la normativa por un período de 60 días. La resolución judicial cuestionó la capacidad del Estado provincial para absorber un previsible incremento en el flujo de adolescentes privados de la libertad de entre 14 y 16 años sin garantizar previamente instalaciones seguras y programas profesionales, lo que reabrió de inmediato la contienda política en torno a la seguridad y las políticas de encierro.
El fallo de la magistrada Marta Elba Pascual se sustentó en los estándares fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados internacionales con jerarquía constitucional. En su dictamen, la jueza advirtió que sobrecargar un sistema de responsabilidad penal sin los recursos adecuados termina incrementando los niveles de violencia social e inseguridad.
Los aspectos clave de la suspensión preventiva y el impacto del escenario judicial señalan:
- Invocación del principio precautorio: La magistrada sostuvo que no resulta necesario aguardar el hacinamiento o la vulneración efectiva de derechos para disponer una intervención judicial que contenga de manera preventiva el impacto de la ley.
- Impacto en el flujo de detenciones: El fallo subrayó que la rebaja de la edad de imputabilidad a los 14 años y las condenas de hasta 15 años generarán un doble efecto de congestión: mayores ingresos netos y estancias de encierro significativamente más prolongadas.
- Audiencia de adecuación provincial: Se emplazó a los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial a concurrir al fuero judicial para presentar planes concretos, metas presupuestarias y plazos precisos de adecuación edilicia.
- Fuego cruzado en la política: La senadora Patricia Bullrich arremetió contra el gobernador Axel Kicillof acusándolo de ampararse en una «Justicia garantista» que deja sin contención a las víctimas de delitos, mientras desde el entorno bonaerense señalan la falta de partidas presupuestarias nacionales para financiar la reforma.
La resolución abre una ventana de dos meses en la que las administraciones nacional y provincial deberán dirimir responsabilidades operativas y partidas de financiamiento, determinando si el nuevo esquema penal se implementará de forma gradual o si la discusión derivará en una batalla legal de fondo que llegará hasta la Suprema Corte bonaerense.
