Una agente denunció haber pagado $700.000 a cambio de un cambio de destino tras ser engañada por una compañera y una falsa funcionaria. La fiscalía de Rosario de Lerma reconstruye la ruta del dinero e investiga la complicidad de efectivos y civiles dentro de la fuerza.
Una grave investigación judicial sacude a la Policía de Salta tras destaparse una supuesta red de estafas, cobro de coimas y extorsión montada para vender «traslados» de personal. El fiscal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, encabeza las actuaciones a raíz de la denuncia de una mujer policía, quien afirmó haber entregado una abultada suma de dinero para tramitar su cambio de destino y terminar siendo extorsionada. Por el hecho ya hay dos detenidos y bajo la lupa se encuentra la propia estructura interna de la fuerza.
El entramado delictivo comenzó en la comisaría de San Jorge, en Rosario de Lerma. Según el testimonio de la víctima —una agente de bajo rango—, una compañera de la misma dependencia le facilitó el contacto de una supuesta funcionaria de Recursos Humanos llamada «Sonia», quien le garantizó la gestión de su traslado a cambio de $700.000. La damnificada efectuó dos transferencias bancarias por $200.000 y $500.000 para concretar la operación.
Sin embargo, el rastreo realizado por la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta reveló que la supuesta gestora externa era una pantalla:
- Trazabilidad bancaria: El seguimiento digital demostró que parte del dinero transferido por la víctima volvió a ingresar a la cuenta de la mujer policía que le había facilitado el contacto.
- Involucrados: La causa acorrala a dos agentes de la misma sede policial y a un civil con oficio de mecánico, domiciliado en la localidad de La Merced.
- Intervención tecnológica: El peritaje sobre los teléfonos celulares permitió reconstruir los chats y maniobras de extorsión a las que fue sometida la denunciante tras concretar los pagos.
El caso no solo encendió las alarmas en el plano penal, sino que también pone en jaque la credibilidad de la institución policial. La facilidad con la que se ofreció un trámite reservado a Recursos Humanos expone fisuras en los controles internos y sugiere la posible participación de escalafones más altos que aún no fueron identificados.
En paralelo al avance de la causa en los tribunales, la Jefatura de Policía deberá resolver las sanciones administrativas y pasivas para el personal involucrado, mientras la Justicia profundiza la recolección de pruebas para determinar el alcance real de las interferencias en la asignación de destinos policiales.
