La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta aprobó este martes un paquete de tres iniciativas impulsadas por el bloque oficialista provincial para exigir al Gobierno nacional que garantice la continuidad, previsibilidad y partida presupuestaria de las políticas de protección a las personas con discapacidad en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027. La declaración parlamentaria surge en respuesta a la preocupación por la interrupción y demora en las partidas financieras destinadas al sector. Durante el debate en el recinto, la diputada Laura Cartuccia brindó un informe de la situación provincial y reveló que en Salta existen más de 80.400 trámites de pensiones no contributivas paralizados sobre un total de 90.700 iniciados desde enero de 2024. El reclamo busca resguardar las prestaciones asistenciales y de salud que benefician a más de 65.000 salteños poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a los miles de afiliados al programa Incluir Salud en el territorio provincial.
El pronunciamiento legislativo fue votado por el cuerpo salteño este martes 29 de septiembre de 2026 durante la sesión ordinaria de la Cámara baja provincial. La solicitud insta a los legisladores nacionales que representan a Salta en el Congreso de la Nación a defender las partidas correspondientes durante la discusión de la pauta de gastos de 2027. La medida intenta frenar el impacto del ajuste de la Casa Rosada en las coberturas médicas y de subsistencia, en una provincia que contabiliza 39.900 beneficiarios de Incluir Salud y 32.400 titulares de pensiones no contributivas.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó resoluciones para exigir fondos de discapacidad en el Presupuesto 2027.
La diputada Laura Cartuccia advirtió que hay más de 80.400 trámites de pensiones no contributivas trabados desde 2024.En Salta hay 65 mil personas con CUD, 39.900 beneficiarios de Incluir Salud y 32.400 titulares de pensiones.
Los diputados provinciales solicitaron a los representantes salteños en el Congreso nacional que mantengan firme el reclamo durante el tratamiento presupuestario.
