El Ministerio de Gobierno y Justicia de Salta formalizó la expulsión de Sandra Mariela Florentín, quien cumplía funciones en la Unidad Carcelaria N° 3 de San Ramón de la Nueva Orán. La sanción administrativa se aplicó mediante resolución tras la sustanciación de un sumario interno, de manera independiente de la causa penal que se tramita en el Juzgado Federal N° 1. La exfuncionaria está imputada como partícipe secundaria en una organización criminal liderada por un excomandante mayor de Gendarmería Nacional que trasladaba cocaína y éxtasis desde el norte provincial hacia Mendoza.
El Gobierno de la provincia de Salta exoneró del Servicio Penitenciario a la agente Sandra Mariela Florentín, tras confirmarse su imputación en una causa penal por narcotráfico interprovincial tramitada en el fuero federal. A través de la Resolución Delegada 745 D del Ministerio de Gobierno y Justicia, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la baja definitiva de la celadora, quien prestaba servicios en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán y permanecía en situación pasiva desde enero de 2025. Florentín fue acusada por la Justicia Federal como partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes agravado, en el marco de una investigación que desarticuló una red que ingresaba estupefacientes desde Bolivia, los acopiaba en Orán y los trasladaba en vehículos con escolta hasta la provincia de Mendoza. La banda era presuntamente coordinada por Miguel Ángel Torres, excomandante mayor de la Gendarmería Nacional.
La causa penal cobró dimensión tras una serie de procedimientos ordenados por el juez federal de Garantías N° 1, Julio Bavio, en los que se incautaron más de 34 kilogramos de cocaína, cerca de un kilo de éxtasis, armamento de fuego, divisas y vehículos particulares.
Uno de los operativos clave tuvo lugar en territorio mendocino, donde las fuerzas de seguridad interceptaron uno de los rodados utilizados por la organización criminal para distribuir las sustancias ilícitas.
Las actuaciones del sumario administrativo determinaron que la permanencia de Florentín en las filas de las fuerzas de seguridad provinciales resultaba incompatible con las exigencias del cargo, cerrando la vía disciplinaria de forma paralela al proceso penal.
La causa penal federal continúa su curso procesal de cara al requerimiento de elevación a juicio oral para los ocho imputados.
