A través de la promulgación de la Ley 8552, la provincia de Salta dispuso la prórroga por dos años de la emergencia pública en materia social por violencia de género. La normativa faculta al Poder Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias de forma prioritaria para garantizar el sostenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, asistencia integral y protección a las víctimas.
La aprobación legislativa se enmarca en un escenario de especial seguimiento judicial y social en el territorio salteño. Actualmente, las fiscalías especializadas investigan siete hechos caratulados como femicidios en distintas localidades de la provincia, entre los que se encuentran las causas por los asesinatos de Natalia Cruz, Viviana Vilte, Cintia Díaz Orellana, María Griselda Olarte, Vanesa Guadalupe García, un hecho en Colonia Santa Rosa y el femicidio vinculado de Ángel Guantay. Estos procesos continúan bajo análisis de los tribunales para determinar el cumplimiento de los protocolos de actuación e intervención previa.
En paralelo, en el ámbito judicial del interior provincial se registran avances en causas complejas. En Cafayate, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet solicitó la ampliación de la imputación contra el hombre detenido por el doble femicidio de su pareja y su suegra, sumando cargos por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su hija adolescente.
Con la vigencia de la Ley 8552, el Gobierno de Salta busca asegurar la disponibilidad de recursos económicos y operativos para la contención institucional y el seguimiento de los dispositivos de seguridad en el fuero de familia y penal.
