La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar que exige la suspensión inmediata de las obras, perforaciones e instalaciones submarinas a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La resolución intima a las compañías a presentar en un plazo de 10 días un informe detallado sobre su esquema financiero, contratistas y estudios de impacto ambiental en la plataforma continental argentina.
La jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso una medida cautelar ordenando la suspensión de las obras, actividades de perforación y montaje de infraestructura submarina vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La decisión judicial recayó sobre las compañías petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, prohibiéndoles el inicio o la continuidad de las faenas extractivas en los espacios marítimos pertenecientes a la plataforma continental argentina. En su fallo, la magistrada intimó a las firmas demandadas a presentar en un plazo perentorio de 10 días una declaración jurada exhaustiva que precise el cronograma operativo, la cantidad de pozos, la estructura societaria, los fondos de financiamiento y los planes de contingencia ambiental.
La resolución de la magistrada busca paralizar los actos financieros, la recepción de desembolsos y la firma de nuevos contratos de capitalización o constitución de garantías destinados a viabilizar las tareas de exploración y explotación no autorizadas en el archipiélago. Borruto aclaró en los fundamentos que la medida reviste carácter cautelar preventivo, sin definir de forma anticipada la responsabilidad de fondo de las corporaciones intervinientes.
En paralelo, el tribunal requirió a la Cancillería Argentina un informe urgente para constatar si las empresas petroleras poseen o tramitaron algún permiso o habilitación formal ante el Estado nacional para realizar actividades hidrocarburíferas en las áreas circundantes a las Islas Malvinas.
Asimismo, se solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Nación que precise si existen registros o procedimientos iniciados sobre la evaluación de riesgos del proyecto Sea Lion y sus potenciales afectaciones al ecosistema marino austral.
El juzgado remitirá copia de las actuaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer las presentaciones diplomáticas correspondientes.
