La Unidad de Delitos Económicos Complejos concretó dos procedimientos en la firma comercial y en la vivienda particular de José Luis Gutiérrez Conde. La causa investiga la ejecución judicial de pagarés presuntamente truchos contra compradores de vehículos y garantes.
Dos allanamientos simultáneos se ejecutaron en la capital de Salta y en la localidad de San Lorenzo Chico en el marco de una investigación contra el empresario José Luis Gutiérrez Conde, imputado como coautor de 14 hechos de estafa procesal en concurso real. Las medidas, solicitadas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y autorizadas por el Juzgado de Garantías interviniente, se llevaron a cabo en la concesionaria de vehículos Las Conde y en la residencia del investigado. Durante los operativos, el personal judicial y policial secuestró material contable, pagarés, documentación de procesos ejecutivos y dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje.
Los procedimientos estuvieron encabezados por la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni junto al comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). La recolección de pruebas se orientó a reconstruir las maniobras financieras con las que presuntamente se damnificó a clientes que habían adquirido vehículos mediante créditos prendarios.
El origen de la causa penal radica en una denuncia presentada por magistrados de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos. Los jueces advirtieron anomalías en la tramitación de los expedientes, entre ellas la repetición sistemática de domicilios en causas dirigidas contra distintos demandados, lo que motivó la suspensión preventiva de los trámites.
Con el avance de la investigación a cargo de la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio, la UDEC tomó declaración a múltiples damnificados. Los compradores manifestaron haber cancelado oportunamente sus saldos prendarios y haberse enterado con posterioridad de la existencia de juicios ejecutivos en su contra. De acuerdo con la hipótesis fiscal, los ejecutantes habrían utilizado pagarés con firmas presuntamente falsificadas para promover embargos y sentencias de remate contra los clientes y sus garantes.
El material documental y los soportes digitales incautados quedaron a disposición del equipo técnico del CIF para precisar el alcance de las maniobras y determinar eventuales responsabilidades de otros implicados en el esquema de ejecución judicial.
