La presentación fue radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 tras una iniciativa de la organización Reset Republicano. La acusación apunta a directivos de corporaciones internacionales y sus sociedades mixtas por extraer recursos vivos en la Zona Económica Exclusiva Argentina sin autorización nacional, omitiendo el pago de derechos de exportación y la fiscalización de la Aduana.
Una denuncia penal contra directivos y representantes legales de un conglomerado de empresas pesqueras internacionales quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, por la explotación no autorizada de recursos marinos en el mar argentino. La acción judicial, impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio en representación de la organización Reset Republicano, sostiene que las firmas operan dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) amparándose en licencias ilegítimas otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas. Los denunciantes imputan a las compañías la presunta comisión del delito de contrabando agravado al eludir de forma sistemática el control de la Aduana y la Prefectura Naval Argentina.
La presentación individualiza a corporaciones de origen español principalmente radicadas en la región de Galicia que operan en articulación con sociedades mixtas constituidas en las islas. Entre las firmas señaladas figuran Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, las cuales utilizan buques pesqueros con doble bandera o registro de la colonia británica para realizar capturas, trasbordos en alta mar y descargas directas en Puerto Argentino o puertos de terceros países sin declarar el material ante las autoridades argentinas.
Según el escrito judicial, las maniobras encuadran en los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero de la Nación. Se argumenta la existencia de un ardid tendiente a evitar el pago de aranceles de exportación y la liquidación de divisas bajo los regímenes cambiarios vigentes. Asimismo, la presentación solicitó investigar la eventual responsabilidad de funcionarios públicos nacionales por la falta de patrullaje preventivo y la omisión de sanciones administrativas o reclamos tributarios hacia las empresas infractoras.
Para fundamentar la causa, la parte querellante requirió medidas de prueba que incluyen informes de avistamiento a la Prefectura Naval y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), registros de operaciones a la Dirección General de Aduanas y el relevamiento de filiales corporativas en la Inspección General de Justicia. La causa se suma a los expedientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py vinculados a las sanciones contra petroleras por la exploración de hidrocarburos en la cuenca Malvinas.
El avance del expediente en el fuero Penal Económico fijará un precedente sobre la persecución penal de las actividades extractivas no autorizadas en las aguas jurisdiccionales del Atlántico Sur.
